Comunicado

Que la decisión adoptada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) de multar a Corporación La Prensa por publicar una investigación periodística se fundamenta en que según la agencia Estatal se revelan datos que están amparados bajo el paraguas de la Ley de Protección de Datos personales.

Que la referida multa fue impuesta debido a que La Prensa publicó una fotografía del diputado Benicio Robinson, quien además es el presidente del partido gobernante PRD, sin el “consentimiento inequívoco” del funcionario.

Que dicho trabajo periodístico expuso la concentración de cupos de transporte público y el vínculo que estos mantenían con un diputado de la República, quien por más de 30 años ha participado de la política panameña y es por ende es una figura pública.

Que las concesiones de transporte son otorgadas por el Estado a particulares y por ende son tema de interés público.

Por lo tanto, los gremios periodísticos aquí agrupados expresamos nuestra más enérgica protesta ante estos hechos toda vez que:

Primero: Cualquier acto, ya sea de carácter judicial o administrativo que afecta el acceso y el derecho a la información de los ciudadanos, sobre temas de interés público, se convierte en un acto de censura previa.

Segundo: La decisión de la Antai, al aplicarse a un medio de comunicación vulnera las libertades de Expresión y de información, violentando los derechos fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocidos y garantizados tanto en la Constitución Política de la República de Panamá como en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tercero: Ante la controversia entre el interés particular y el interés público, la doctrina y la jurisprudencia internacional señalan reiteradamente que debe prevalecer el derecho de todos a estar informados. El artículo 43 de la Constitución Política de la República de Panamá consagra el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a la información pública contenida en “…bases de datos o registros a cargo de servidores públicos…”.

Cuarto: Lamentamos profundamente que se repita por parte de la Antai una aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales que se constituye en un acto de censura a la libertad de expresión de todos los panameños. A su vez, esta acción coincidentemente favorece la opacidad en el manejo de bienes públicos en beneficio del diputado del partido gobernante Benicio Robinson.

Quinto: Solicitamos a la Antai a que en segunda instancia revierta con prontitud esta acción atentatoria contra el derecho de acceso a la información de carácter público, y que constituye una afrenta a la libertad de expresión en Panamá.

Sexto: Recordamos al presidente de la República, Laurentino Cortizo, a los ministros de Estado, a los miembros del Órgano Legislativo y del Órgano judicial, así como a las demás autoridades del Gobierno Nacional, su deber de mantener el acceso de los ciudadanos a la información necesaria para conocer, decidir y participar de la vida en sociedad, y su obligación de defender la garantía constitucional de libertad de expresión.

Séptimo: Exhortamos a todos los diputados, en especial a los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales a que le den los debates requeridos al anteproyecto de ley presentado por los gremios periodísticos el año pasado, y que está orientado a la modificación y corrección de la Ley de Protección de Datos Personales, precisamente para evitar interpretaciones arbitrarias de esa norma que se conviertan en censura periodística.

Octavo: Cuando un Estado, en este caso a través de una resolución de la Antai, aplica una medida de censura institucional daña el perfil internacional del país, afecta la imagen de Panamá y perjudica la credibilidad del respeto a los derechos humanos, todo lo cual deteriora la capacidad de atraer inversiones, y de promover los intereses de Panamá en el mundo democrático.

Noveno: Procederemos con todas las acciones legales nacionales e internacionales posibles en defensa del derecho del acceso a la información de los ciudadanos, y de la salvaguarda de la Libertad de Expresión, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.

Panamá, 25 de abril de 2023

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