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Informe sobre la Libertad de Expresión en Panamá 2020

Libertad de Expresión

Informe sobre la Libertad de Expresión en Panamá 2020

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Información General

El Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información es una organización con personería jurídica sin fines de lucro cuya función primordial es la defensa de las libertades de expresión e información mediante el fomento de la ética en el desempeño del periodismo, fundada en 1990.

Desde 1996 ha realizado 23 versiones del Premio Nacional de Periodismo, como una forma de reconocer la producción periodística anualmente.

Observatorio sobre la Libertad de Expresión

La Junta Directiva del Fórum de Periodistas ha considerado iniciar el análisis para la futura constitución de un Observatorio de la Libertad de Expresión que sirva como instrumento para la salvaguarda permanente de esta libertad en Panamá, para conocer y analizar los casos específicos y brindarles a los organismos internacionales una herramienta que resguarde la libertad de expresión.

Con base en la idea anterior, a partir de 2019 consideró oportuno rendir un informe general sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá, que sea utilizado como documento de discusión y debate para mejorar el respeto pleno de este derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de la República y en los tratados y declaraciones sobre Derechos Humanos de los que Panamá es firmante.

Informe sobre la Libertad de Expresión

El Tribunal Electoral entregó a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) un proyecto de modificaciones al Código Electoral en el cual se fijan normas que tipifican como faltas electorales:

1. La difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso electoral o los servicios que brinda el Tribunal Electoral.

2. Multar la difusión de propaganda electoral en publicaciones de contenido editorial, con el propósito velado o expreso de promover a un aspirante, precandidato, candidato o partido, así como el uso indebido de los medios digitales y la violación al descuento de tarifas por parte de las radioemisoras o televisoras.

3. El proceso de debate en la CNRE durará hasta finales de 2020, para ser presentadas a la Asamblea Nacional en enero de 2021. Es importante asegurar que el contenido final de las propuestas no afecte la libertad de expresión y la amplitud en la cobertura periodística de los procesos electorales.

  • El diputado Javier Sucre presentó ante la Asamblea Nacional, un proyecto de ley que busca sancionar a las personas que “graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales”.

  • En el mes de mayo, el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas emitieron un pronunciamiento en el que rechazan “la publicación de avisos pagados por el Estado y firmados por la Secretaría de Comunicaciones Estratégicas para desmentir publicaciones periodísticas”.

  • El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ha presentado quince (15) querellas por la posible comisión de delitos contra el honor a la Corporación La Prensa, se suma una interpuesta al periódico Mi Diario, totalizando treinta y ocho (38) periodistas, directores o directivos querellados de la misma casa editorial, con reclamaciones hasta por un monto de 46.1 millones de dólares.

  • La jueza de Garantías Elkis Martínez Agrazal ordenó la prohibición de capturar o fotografiar imágenes del querellante, abogado Janio Lescure, en el caso contra el diario La Prensa. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia ratificó esta decisión.

Destacamos que las imágenes, fotografías, videos o cualquier otra representación visual son un elemento esencial en el ejercicio del periodismo y por lo tanto, prohibirlas en la cobertura de hechos de interés público, es una forma de censura.

  • En julio, la jueza Lina Castro de León ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa por un monto de 1.13 millones de dólares, dentro de una demanda presentada por el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor, proceso que data de 2012 y que se encuentra pendiente de decisión.

La legislación panameña permite que ante un proceso por daños y perjuicios el reclamante pueda promover el congelamiento de activos que sean necesarios para la operación continua e ininterrumpida de los medios de comunicación.

Por esta acción de secuestro, (11) organizaciones panameñas remitieron carta al Relator Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando un pronunciamiento ante lo que consideran “acciones de hostigamiento judicial” contra medios y periodistas con especial mención, al secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa.

Señalamos que en Panamá existe una norma que prohíbe se dicten medidas cautelares sobre bienes y activos de los medios audiovisuales de comunicación social (radio y televisión) vulnerando el principio de igualdad, al no existir una disposición similar para los medios impresos y digitales; dejando abierta la puerta para que estas medidas afecten el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

  • En octubre, la plataforma digital FOCO, un medio alternativo con un año de fundado, solicitó medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención a “amenazas telefónicas, acoso cibernético, querellas y denuncias penales” que afectan a sus integrantes en el ejercicio de su libertad de expresión.

  • Observamos el incremento de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión (influencers), como herramienta de intimidación para promover la autocensura. Se requiere los administradores de justicia se pronuncien de manera expedita y clara en defensa de los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información.

  • En Panamá se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la Injuria y Calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la “supuesta víctima” es un funcionario con mando y jurisdicción nacional, puede ser aducida por particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. El Código Penal tipifica estos delitos con prisión de 6 a 18 meses o sus equivalentes a días multas.

Requerimos la despenalización de los llamados delitos de calumnia e injuria, para que las reclamaciones correspondientes sean atendidas por la jurisdicción civil y al mismo tiempo, que se establezcan límites a las cuantías en las demandas civiles para que estos procesos no terminen convirtiéndose en herramientas para intimidación a periodistas y comprometer el normal funcionamiento de los medios de comunicación.

  • Continúa la fase de investigación, por parte del Ministerio Público, del caso “New Business”, basada en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados, que atañe a la adquisición del grupo EPASA por sus actuales propietarios. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción que han publicado.

Reiteramos, que tratándose de un medio de comunicación social y visto que estas investigaciones llevan más de tres (3) años, el Ministerio Público debe concluirlas e informar a la ciudadanía sus resultados.

  • Recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de no admitir una acción de Habeas Data de información sobre la utilización de fondos públicos durante el periodo de pandemia, reitera la necesidad de reforzar la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de (ANTAI) a fin de lograr un mejor acatamiento y disposición proactiva de las instituciones públicas a la hora de dar respuesta a periodistas o ciudadanos.

  • Panamá se encuentra bajo Estado de Emergencia Nacional decretado por el Consejo de Gabinete desde el 13 de marzo, por razón de la pandemia de COVID-19, con restricciones de movilidad que se han variado y flexibilizado a partir de septiembre, aunque se mantiene un toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a viernes.

  • Finalmente, al igual que en el resto de los países, la pandemia de COVID-19 ha provocado graves afectaciones en el ejercicio del periodismo y en la ya compleja situación de sostenibilidad financiera de los medios de comunicación, que se han visto obligados a realizar importantes ajustes en su funcionamiento, lo que fija retos enormes para el próximo año.

Deseamos hacer especial mención recordando a los colegas que han partido víctimas del Covid-19.

  1. Oscar Sánchez Patiño
  2. Roberto Morelos
  3. Efigenio Tapia         
  4. Ángel Santiago Pimentel   
  5. Roger Higuero Carrillo    
  6. Manuel “Funket” De León       
  7. Rodny Rodriguez C. 
  8. Luis G. Domínguez   
  9. José Luis Salazar  
  10. Ricardo Achurra                         
  11. Armando Contreras
  12. Kendall Royo
  13. Angélica Torres
  14. Ramón Santamaría
  15. Salvador Camargo
  16. Vicente Caballero

Día Internacional de los Derechos Humanos

La libertad no se pierde por la culpa de quienes se empeñan en atacarla, sino por la debilidad de quienes no son capaces de defenderla”.

Panamá, 10 de diciembre de 2020

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Informe sobre Libertad de Expresión en Panamá 2020 – Fórum de Periodistas