Diálogos

Eduardo Bertoni: El acceso a la información pública es una obligación de los estados
Fecha de publicación : 07/09/2007 12:41:00   Fuente : LPU

Desde Panamá
Antonio Herrera
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Para tratar de entender los problemas del ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información pública en nuestro continente, es importante decir que el mayor problema que tenemos son las grandes cantidades de personas -el gran número de mujeres y hombres de nuestro hemisferio- que no pueden ejercer plenamente su derecho de expresarse libremente y que tienen dificultades para acceder a la información pública.

Lo anterior, según el Director Ejecutivo de la Fundación Debido Proceso Legal (DPLF), Eduardo Bertoni, con sede en Washington, Estados Unidos, es uno los principales retos que deben afrontar los estados del continente americano.

Bertoni, quien durante varios años se desempeñó como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostiene que para aproximarse al problema de la libertad de expresión en el continente puede hacerse una clasificación o diferenciación a partir de varios factores: problemas relacionados con agresiones físicas, aquellos vinculados con agresiones psicológicas y los que se vinculan directamente con el acceso a la información pública.

En esta tipificación, según el abogado de nacionalidad argentina, egresado de la Universidad de Buenos Aires y ex becario del Instituto de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, por supuesto que hay actores que operan directamente. Bertoni dijo a La Palabra Universitaria, que lo entrevistó recientemente en la ciudad de Panamá, durante el tercer encuentro de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información, que estas agresiones en algunos casos vienen por parte del Estado y, en otros, por particulares.

La Palabra Universitaria: ¿Quiénes son los principales actores que obstaculizan la libertad de expresión y el acceso a la información pública en las Américas?
Eduardo Bertoni: En algunos casos el Estado y en otros los particulares. En lo que tiene que ver con agresiones físicas que provienen del Estado, realmente creo que eso es algo del pasado, es algo que por suerte no sigue ocurriendo en nuestro continente; no hay aparatos organizados para agredir físicamente a periodistas o a defensores de derechos humanos o a representantes de sindicatos. Sí hay problemas con individuos o con agrupaciones paraestales o no estatales; por ejemplo el problema que tenemos de agresiones o asesinatos de periodistas, perpetrados por grupos de narcotráfico o con asuntos de corrupción. Ese si es un problema en algunos países del hemisferio pero que está focalizado, como el caso de México, Colombia, el interior de Brasil, pero no es una cuestión que se pueda generalizar para todo el hemisferio.

LPU: ¿Cómo puede verse el caso de las agresiones psicológicas?
EB: En lo que respecta al Estado tenemos las leyes. Tenemos leyes de desacato, calumnias e injurias que son utilizadas para amedrentar a quienes quieren expresarse libremente y eso sigue ocurriendo en el continente; hay leyes que tienen que ver con problemas para citar a periodistas para obligar a revelar sus fuentes, inclusive ha habido detenciones de periodistas en los Estados Unidos, por ejemplo, y eso es un problema grave con respecto a la libertad de expresión; pero de nuevo, es un problema focalizado y no generalizado. En lo que respecta a agresiones psicológicas provenientes de particulares, allí el problema se comienza a vincular con aquellos entre el Estado y particulares, quiero decir, en la discreción del otorgamiento de la publicidad oficial a los medios de comunicación.

LPU ¿De qué forma incide esto en los medios o en la población?
EB: Genera presiones a los dueños de los medios de comunicación y esas presiones se transfieren a los periodistas y, allí, tenemos una suerte de relación peligrosa entre el Estado que presiona financieramente, el dueño del medio que siente esa presión y quien a su vez presiona al periodista. Esto tiene que ver con un problema muy importante en nuestro hemisferio que está vinculado con la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y en ese punto ya entramos en las dificultades para acceder a la información.

LPU: A propósito de este último punto, ¿de qué forma se puede ver el problema del acceso a la información pública?
EB: El problema que tenemos es que no todos los países tienen leyes de acceso a la información, a pesar de que existen resoluciones de la OEA, de la Convención Americana contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció que el derecho a la información pública es un derecho fundamental. Sin embargo hay países, por ejemplo El Salvador, que no cuentan con leyes de acceso a la información pública. En el caso de particulares este problema está vinculado nuevamente con la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, es decir, esta concentración lo que genera es que no haya la suficiente pluralidad de ideas en un determinado mercado y esa concentración muchas veces se da o se ha dado por el manejo discrecional que hacen los estados con respecto al otorgamiento de licencias de radio y televisión.

LPU: En el proceso que se vive en América Latina y particularmente en lo que se refiere a la falta de acceso a la información, que muchas veces es una queja de las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué importancia reviste que los estados tomen en serio este tema de las leyes de acceso a la información pública?
EB: Primero los estados tienen un compromiso legal, por decirlo de alguna manera, de tomar esto en serio porque así lo mandan algunas leyes y las convenciones que ya cité antes. La importancia del acceso a la información pública es de carácter práctico que se vincula con la posibilidad de incidir en un mejor desarrollo y disminución de la pobreza; lo que quiero decir es que a mayor transparencia -y las leyes de acceso a la información pública contribuyen con ella- decrece la corrupción y, a medida que decrece la corrupción, crecen las posibilidades que tiene el Estado de ser un receptor de inversiones y de aumentar su capacidad productiva. Un Estado donde la corrupción es rampante posiblemente no atraiga inversores que demanden nuevos insumos y que se traduzcan después en una distribución. Claro, ése es otro problema, el de la distribución de los beneficios en los sectores más pauperizados de nuestra sociedad.

LPU: ¿El acceso a la información pública es entonces una obligación de los estados?
EB: Me gusta siempre decir que el acceso a la información pública es una obligación de los estados porque es un derecho fundamental, porque así está en las resoluciones y tratados que éstos han asumido, pero además es un instrumento práctico para fomentar el desarrollo y para fomentar la disminución de la pobreza, en ese sentido es ventajoso también para los estados adoptar leyes de transparencia y acceso a la información.

LPU: Algunos países han adoptado decretos que de alguna manera, en teoría, sustituyen a una ley de acceso, ¿qué dicen las experiencias prácticas en ese sentido?
EB: Allí se podría dar una discusión jurídica y una discusión práctica. Por supuesto que no se puede menospreciar la importancia de un decreto, pero los que hemos estudiado leyes sabemos que justamente un decreto no tiene la jerarquía de una ley; un decreto puede ser cambiado por el gobernante de turno y más aun puede ser desconocido si existe otro decreto superior a él. El decreto puede ser un avance mínimo, pero en realidad la voluntad política firme para traducir el acceso a la información pública en prácticas concretas por parte del Estado se da a partir de la aprobación de leyes y, el proceso de aprobación de leyes, requiere una determinada discusión en los lugares apropiados, en los congresos, donde están los representantes. Creo que conformarse con un decreto es conformarse con poco. Lo importante para establecer prácticas y leyes que hagan efectivo el ejercicio del acceso a la información pública es que los estados adopten legislaciones y que éstas contengan principios mínimos, que hayan sido, algunos de ellos, formulados por distintas organizaciones de la sociedad civil.

LPU: Volviendo al tema de los problemas de la libertad de expresión, en El Salvador, en los últimos años, la violencia por parte de particulares representados por organizaciones de la sociedad civil, ha llevado a las agresiones físicas y verbales contra periodistas y a la destrucción de instrumentos de trabajo de los medios de comunicación ¿a qué se le puede atribuir este fenómeno?
EB: El problema es que cuando empieza a haber polarización entre la sociedad civil y los medios de comunicación, creo que estamos frente a un problema de gravedad, porque en realidad el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho fundamental que le cabe a todos y, la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil, más que atacar el ejercicio de la libertad de prensa deben defenderlo. Por supuesto que la sociedad civil puede señalar los desvíos o señalar cuando no le gusta una determinada línea editorial de un medio de comunicación, eso es propio del disenso y la discusión democrática, pero lo grave es que cuando la sociedad se enfrenta con los medios de comunicación y los medios con la sociedad lo que sucede es que estamos socavando un pilar básico de la democracia.

LPU: ¿Podríamos decir que debe cultivarse más la tolerancia por los distintos sectores de la sociedad?
EB: En una sociedad democrática la tolerancia tiene que ser el punto focal de relación entre los distintos grupos de la sociedad civil. La tolerancia no significa aceptarlo todo, al contrario, la intolerancia que lleva a la violencia y que a su vez lleve a violencia contra medios de comunicación es peligrosa en una sociedad democrática.

LPU: ¿Cuál sería el reto para la sociedad civil en este proceso de cambios en el hemisferio?
EB: Uno de los mayores retos que tenemos es convencer a amplios sectores de la población de que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que no es un derecho de grupos privilegiados, que no es un derecho únicamente de los periodistas y que es un derecho que cuando se pierde afecta a todo y, en definitiva, afecta la democracia.