El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, ven con suma preocupación la creciente tendencia en Panamá a reclamar indemnizaciones desmesuradas, tanto en la jurisdicción penal como en la civil, contra los medios de comunicación, lo que no solo pone en riesgo su capacidad informativa, sino que también mina su sostenibilidad económica y su habilidad para operar eficazmente.

Nuestras organizaciones reiteran el compromiso con la formación continua, el reforzamiento a los valores éticos en el ejercicio del periodismo, la objetividad y la información libre, producto de la investigación y el profesionalismo, pues es imperativo que los medios de comunicación actúen de manera responsable para asegurar que su contenido no contribuya a la desinformación o difamación con intenciones dolosas; sin embargo, imponer sanciones desproporcionadas a las acciones que reclaman quienes se consideran afectados, constituye una forma de censura.

Los gremios periodísticos hemos estado siempre abiertos al diálogo para facilitar proyectos de ley que garanticen la libertad de expresión y de prensa. Siempre hemos denunciado la tendencia a utilizar la vía judicial para obstaculizar la labor periodística y de los medios de comunicación, por lo que hacemos un llamado a aquellos que voluntariamente ocupan o han ocupado cargos públicos a recordar que la naturaleza de sus funciones los coloca bajo un escrutinio público.

En nuestra misión de defender el derecho de acceso a la información, la libertad expresión y de prensa instamos a que cualquier proyecto en esta línea, sea considerado y discutido con las partes interesadas.

Nos preocupa profundamente que los medios sigan siendo objeto de contextos como el que enfrenta Corporación La Prensa y Mi Diario con 15 demandas civiles y cinco penales valorados en aproximadamente 60 millones de dólares, que comprometen gravemente la capacidad financiera del medio de comunicación, el ejercicio libre del periodismo y, por ende, el derecho de la ciudadanía a informarse.

Panamá, 9 de agosto de 2024