Panamá, 9 de febrero. Ante las recientes medidas cautelares ejecutadas o que se pretendan ejecutar contra periodistas y ciudadanos, como Consejo Nacional de Periodismo elevamos nuestra voz de alerta. En una sociedad democrática, todos estamos llamados a velar que la vía judicial no sea utilizada como mecanismo de bloqueo para amenazar la propia justicia
y la libertades fundamentales. Cualquier medida o acción judicial, administrativa o de otra instancia de autoridad que afecte los derechos fundamentales y atente contra el bien común, lo único que persigue es la intimidación, la autocensura y las amenazas.

No es la primera vez que en nuestro país un Expresidente de la República denuncia y secuestra bienes de medios de comunicación o de personas vinculadas al ejercicio del periodismo. Desde una posición de poder e influencia política, las amenazas expresas continúan, y parece que la defensa de la democracia no está en el interés de los garantes de la misma.
Adicional a las acciones malintencionadas, también se acompañan de amenazas a través de diversos medios y segmentos de opinión.

Ante los acontecimientos más recientes ejecutados contra ciudadanos vinculados a medios de comunicación, hacemos un llamado a los operadores de justicia a prestar atención a los fallos, decisiones y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales apelan a los jueces y citan como su deber el cuidar sus actuaciones ante el “efecto intimidador o inhibidor en el ejercicio de su libertad de expresión, contrario a la obligación estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de este derecho en una sociedad democrática”. (Caso López Lone y otros vs. Honduras)

La gravedad de las acciones vuelve a provocar la preocupación sobre la tendencia autoritaria contagiosa de los países de la Región en cuanto a actos de intimidación, amenazas y hostigamiento, no exclusivamente contra periodistas sino contra cualquier ciudadano, especialmente cuando ese ejercicio implica el desempeño periodístico o cuestiona a quienes han ejercido el poder público o participan de la acción política.

La defensa de la libertad de expresión, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye la salvaguarda del sistema de los derechos humanos y la protección del titular individual y de los derechos colectivos como sociedad.