Comunicado Al País

“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. Así de contundente es la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión e Información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no hace otra cosa que recoger, en pocas palabras, el sagrado compromiso de cada Estado Parte del Sistema Interamericano frente al derecho a la libertad de expresión e información.

Hoy, la República de Panamá, como estado soberano y parte del Sistema Interamericano, observa pasivamente cómo, de manera unilateral y arbitraria, una decisión del gobierno de los Estados Unidos de América, específicamente de la OFAC/Departamento del Tesoro, tiene heridos de muerte a los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, restringiendo directamente la libertad de prensa de los medios en mención, el derecho a la libertad de expresión de los periodistas que allí laboran y, más grave aún, atentando contra el derecho que tenemos todos los panameños de recibir información de estos medios. Lo anterior tiene un agravante significativo, al poner en contexto que La Estrella de Panamá, fundada en 1849, es el medio de comunicación más importante de la historia de nuestro país; es memoria histórica; es patrimonio nacional, que trasciende, incluso, a sus propietarios.

La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 17, establece que “las Autoridades de la República están instituidas para…asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley”.  El gobierno nacional está en la obligación de defender, ante los Estados Unidos de América, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información de todos los panameños, como lo señala nuestra Carta Magna. Y más allá de cualquier sustento Constitucional, la obligación del Estado panameño es también moral, pues las acciones de la OFAC atentan contra nuestra dignidad nacional, una vez más.

Si el estatus quo se mantiene, indudablemente se seguirá afectando la situación financiera de La Estrella de Panamá y de El Siglo, lo cual incidirá directamente en la viabilidad de seguir ejerciendo un periodismo libre e independiente, frente a la amenaza de un cierre inevitable. Esta consecuencia, apagaría parte de nuestra historia, de paso dejando a los panameños sin esa pluralidad de medios que es necesaria para fortalecer el debate de ideas y libre flujo de información diversa en una sociedad democrática.

Ya nuestra historia ha sido testigo de capítulos deshonrosos, en los que las libertades han sido restringidas por gobiernos dictatoriales y, en algunos casos, por gobiernos electos democráticamente. Habiendo superado esas etapas, no permitamos que sea ahora otro Estado el que tome medidas discriminatorias que afecten las libertades democráticas en un país como Panamá, que con sus virtudes y defectos, ha alcanzado niveles importantes de protección y garantía de las libertades de expresión e información. El gobierno nacional debe exigirle, públicamente, al gobierno de los Estados Unidos de América, que excluya a La Estrella de Panamá y El Siglo de la Lista Clinton y, en consecuencia, realizar todas las gestiones diplomáticas al alcance del Derecho Internacional, para lograr tal objetivo.

Dado en la ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de julio de 2017.

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