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Informe sobre la Libertad de Expresión en Panamá

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Informe sobre la Libertad de Expresión en Panamá

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Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información

Informe sobre la Libertad de Expresión en Panamá

Información General

El Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información es una organización con personería jurídica sin fines de lucro cuya función primordial es la defensa de las libertades de expresión e información mediante el fomento de la ética en el desempeño del periodismo, fundada en 1990.
Desde 1996 ha realizado 23 versiones del Premio Nacional de Periodismo, como una forma de reconocer la producción periodística anualmente.

Observatorio sobre la Libertad de Expresión

La Junta Directiva del Fórum de Periodistas ha considerado iniciar el análisis para la futura constitución de un Observatorio de la Libertad de Expresión que sirva como instrumento para la salvaguarda permanente de esta libertad en Panamá, para conocer y analizar los casos específicos y para que sirva de insumo a los organismos internacionales que protegen la libertad de expresión.
Con base en la idea anterior, a partir de 2019 ha considerado oportuno rendir un informe general sobre el estado de la libertad de expresión en Panamá, que sirva como documento de discusión y debate para mejorar el respeto pleno de este derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de la República y en los tratados y declaraciones sobre Derechos Humanos de los que Panamá es firmante.
Al mismo tiempo, este informe inicial servirá de base para futuros y más completos seguimientos al estado de la libertad de expresión en Panamá.

Informe sobre la Libertad de Expresión

Para la preparación de este informe se tuvo en cuenta, en general, los datos disponibles del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019.
A partir de la constitución del Observatorio, el Fórum dispondrá de una dirección de correo electrónico en la cual se recibirá información sobre el ejercicio de la libertad de expresión, que sirva para enriquecer futuros informes.

Proceso Electoral
Concluido el proceso electoral, que se cumple cada cinco años, es conveniente recordar que para el pleno goce de los derechos electorales de los ciudadanos, éste debe darse bajo un amplio respeto a las libertades de expresión e información, para lo cual las ideas y las opiniones deben circular libremente.
A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la norma que ampliaba la veda para la publicación de encuestas electorales, el Tribunal Electoral dispuso una limitación de 48 horas previas al día de las elecciones. Dicha disposición o la eliminación total de la limitación debe quedar consagrada en el Código Electoral.
Igualmente, amerita evaluación, a la luz de las experiencias en otros países, la limitación de publicar encuestas a la salida de los recintos de votación, que mantiene una limitación de hasta tres horas después de la hora de cierre oficial de la votación, tanto para elecciones como para cualquier otra consulta popular.
Durante el periodo denominado de “veda” debido a la prohibición de hacer propaganda antes del periodo establecido para la campaña política, el Tribunal Electoral prohibió la colocación de vallas promoviendo la no reelección. Esta decisión generó una polémica pública ante la posibilidad de que se tratara de una violación a la libertad de expresión. Una vez terminada la veda, el Tribunal Electoral siguió impidiendo la campaña debido a que no permitió que en los artes fueran usadas imágenes de candidatos que buscaban la reelección en sus cargos. Es importante ahondar en el debate que asegure el pleno derecho de los ciudadanos, de manera individual o agrupados, en lo queal derecho a expresarse sobre la valoración del desempeño de servidores públicos se refiere.
Próximamente, se abrirá el tradicional proceso de evaluación de la normativa electoral por medio de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Dicho proceso debe contar con la mayor atención posible por parte de la sociedad.

Acceso a la Información Pública
Una sociedad adecuadamente informada está mejor preparada para cumplir con sus deberes y proteger sus derechos. La Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública, fue un importante avance en su momento, pero requiere una revisión a fin de profundizar en la facilitación del acceso a la información pública.
En lo que respecta a las acciones de habeas data, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia han sido erráticas y no permiten establecer una clara jurisprudencia en protección del derecho de acceso a la información pública.

Adicional a las revisiones de las normas legales y a un mayor compromiso de la Corte Suprema, se requiere el empoderamiento de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), para dar pleno cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 511 de 24 de noviembre de 2017, que adopta la política pública de transparencia de datos abiertos de gobierno.
Todos los órganos del Estado, las instituciones públicas, entidades autónomas, semiautónomas, municipios, gobiernos locales, juntas comunales, empresas y sociedades en las que el Estado sea parte deben facilitar el acceso a la información de carácter público que genera el Estado, fomentar su uso y reutilización en pro de la transparencia y la rendición de cuentas.

Protección de Datos Personales
En el periodo constitucional anterior se aprobó la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019 sobre protección de datos personales, que establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección de datos personales, considerando su interrelación con la vida privada y demás derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, por parte de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, lucrativas o no, que traten datos personales.
Esta ley entrará en vigencia en marzo de 2021, por lo que requiere una amplia divulgación, capacitación de todas las entidades públicas y privadas que administran datos personales y la permanente revisión, a fin de que ninguna disposición ponga en riesgo los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Investigaciones del Ministerio Público
El Ministerio Público mantiene abierta una investigación que atañe a la forma de adquisición de un medio de comunicación, pesquisas que se llevan a cabo bajo la denominación de “New Business”, basada en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados.
Estas investigaciones llevan más de dos años y medio, por lo que corresponde advertir de que para que no se afecte el normal funcionamiento del medio de comunicación, el Ministerio Público debe concluir estas investigaciones lo antes posible e informar a la ciudadanía de sus resultados.

Noticias falsas
La proliferación del fenómeno de la desinformación a través de las llamadas fakenews, especialmente en los entornos digitales, incluidas las redes sociales, es global y, por ende, afecta a Panamá.
Como bien ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “la desinformación y la propaganda afectan intensamente a la democracia: erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad”.
Por ello, es de destacar los esfuerzos que hacen los medios de comunicación para identificar y exponer las noticias malintencionadamente falsas.
Los desafíos en torno a este tema son enormes y nunca deben convertirse en una excusa para censurar a los medios de comunicación o los ciudadanos. Antes, lo que se debe promover es la conciencia y el desarrollo de herramientas para evidenciar las noticias falsas.

Tolerancia y comprensión de los deberes de los servidores públicos
De forma cada vez más recurrente, servidores públicos -particularmente diputados- han inferido insultos e improperios contra periodistas y medios de comunicación social.
Los servidores públicos y, especialmente, aquellos electos por la voluntad popular están sometidos al escrutinio público y, en el ejercicio de sus funciones, están bajo la lupa permanente del periodismo, cuyo trabajo es exponer a la opinión pública los resultados de sus investigaciones y/o las opiniones sobre su desempeño.
El sistema democrático exige de sus funcionarios tolerancia a la crítica y respeto irrestricto a las libertades de expresión e información consagradas en la Constitución y en los pactos internacionales.
Las declaraciones estigmatizantes y las agresiones verbales pueden conllevar acciones de violencia futura, por lo que debe advertirse la gravedad de estos comportamientos.

Filtraciones de interés público
Las filtraciones sobre supuestas conversaciones del expresidente de la República Juan Carlos Varela, en lo que respecta al ejercicio del periodismo y la libertad de expresión permiten reiterar lo que es ampliamente reconocido, que corresponde a los medios de comunicación informar sobre las mismas, independientemente de la legalidad de su obtención, siempre y cuando logre establecer que en los contenidos existe información relevante y de interés público.
De dichas filtraciones, también vale rescatar que queda expuesta la relación, en ocasiones tensa, entre el poder político y los medios de comunicación, evidenciando el papel fundamental de la prensa libre en un sistema democrático.
Hechos perfectamente confrontables con las interacciones dadas a la luz con las filtraciones demuestran cómo se utilizó el poder político para amedrentar, manipular o intimidar a quienes ejercen el periodismo o simplemente su derecho a opinar. Investigaciones consecuentes podrían conllevar claridad sobre las fronteras que no se deben traspasar en el respeto a la libertad de expresión y el libre periodismo.

Intentos de coartar la Libertad de Expresión
En reiteradas ocasiones, tanto durante el periodo constitucional pasado como en el presente, se han presentado iniciativas legislativas que habrían podido coartar la libertad de expresión.
La rápida reacción de los gremios periodísticos ha logrado conjurar o disuadir la aprobación de dichas iniciativas.
Estos reiterados intentos resaltan la necesidad de docencia para quienes tienen responsabilidades legislativas, a fin de que conozcan los derechos fundamentales, las limitaciones que atañen y las consecuencias internacionales que tendría para Panamá la aprobación de legislaciones restrictivas de la libertad de expresión.

Protesta social
En el marco de las recientes protestas contra las reformas constitucionales, desarrolladas fundamentalmente en torno a los predios de la Asamblea Nacional de Diputados, en el mes de octubre, es importante señalar que la cobertura de las demostraciones en la vía pública no debe conllevar violencia contra los periodistas. Es admisible que toda sociedad democrática imponga limitaciones razonables para que las manifestaciones se realicen de manera pacífica, siempre teniendo en cuenta que tales acciones de las autoridades se den dentro de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y siempre preservando el trabajo profesional de los periodistas para dar a conocer a la opinión pública los hechos.

Despenalización de los delitos de calumnia e injuria
Panamá mantiene los llamados delitos de calumnia e injuria dentro de la jurisdicción penal, lo que marca una grave limitación a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo.
Aun cuando se establecen limitaciones para los funcionarios de mando y jurisdicción (según descripción constitucional), la experiencia ha demostrado que la norma se ha quedado insuficiente y se ha pretendido utilizar la jurisdicción penal como herramienta de censura o para provocar la autocensura.
Cabe recordar que el Principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la “protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
Se requiere la actualización de las normas del Código Penal que hacen referencia a los denominados “delitos contra el honor”.

Abuso de demandas contra periodistas y medios de comunicación social.

Durante el último año han proliferado demandas por cuantías millonarias contra periodistas, medios de comunicación y hasta articulistas de opinión, que guardan relación con los denominados “delitos contra el honor”. Estas demandas merecen mención especial, porque sus montos exorbitantes pueden terminar convirtiéndose en formas de amedrentar a los periodistas o rutas indirectas para provocar el cierre de medios de comunicación.

Estas nuevas formas de amedrentamiento requieren jueces que sepan anteponer el interés público para proteger la libertad de expresión, de manera expedita, para evitar la zozobra en el ejercicio del periodismo y los cuantiosos gastos legales.
Adicionalmente, corresponde un debate sobre la fijación de límites a las cuantías en las demandas, a fin de no imponer cargas imposibles a periodistas o medios que conllevarían la censura profesional o el cierre de medios de comunicación.

Promoción de la Libertad de Expresión
Siendo las libertades de expresión e información columnas fundamentales de la democracia, y siendo testigos del entorno regional del cual Panamá no escapa, es acertado recomendar campañas de promoción de los derechos ciudadanos para un mayor y mejor conocimiento de estos.
También se recomiendan procesos de capacitación a los servidores públicos sobre guías prácticas para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Panamá, 10 de diciembre de 2019.
Día Internacional de los Derechos Humanos

 

Puedes descargar el informe haciendo click abajo